Veamos el alcance de la decisión: un consejero de sanidad impone retrasar, con las consecuencias posibles de perjudicar la salud de trabajadores esenciales, la aplicación de un medicamento recomendado por la OMS y la EMA sobre cualquier otra opción. Es fácil comprender que, solo en el caso de que no existan vacunas de Astra, esta decisión sería acertada previa comunicación de dicha circunstancia a la ciudadanía. En caso contrario, se estaría llegando a jugar, sin fundamentos científicos adecuados, con la vida de determinadas personas que fueran especialmente vulnerables al virus; por lo que, además de la dimisión inmediata, no...
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Veamos el alcance de la decisión: un consejero de sanidad impone retrasar, con las consecuencias posibles de perjudicar la salud de trabajadores esenciales, la aplicación de un medicamento recomendado por la OMS y la EMA sobre cualquier otra opción. Es fácil comprender que, solo en el caso de que no existan vacunas de Astra, esta decisión sería acertada previa comunicación de dicha circunstancia a la ciudadanía. En caso contrario, se estaría llegando a jugar, sin fundamentos científicos adecuados, con la vida de determinadas personas que fueran especialmente vulnerables al virus; por lo que, además de la dimisión inmediata, no sería descartable iniciar acciones por las vías civil o penal o caer en la barbarie de dejar de considerar la vida humana como un bien y un derecho superior. Analicemos esto porque no es ningún tremendismo.
Interina AL: (06/06/2021 07:59)
A mí no me cabe duda de que es algo denunciable, totalmente fuera de la legalidad. Si yo me contagio en la semana 15, o en la 16, o una vez puesta la segunda dosis pero aún sin efectividad, la responsabilidad directa es de este señor. Está totalmente endiosado, su prepotencia no tiene límites.