El
20 de abril, las escuelas concertadas se manifestaron en contra
del nuevo decreto de conciertos de la región. Según
las informaciones difundidas por los medios, 25.000 estudiantes
se movilizaron con sus profesores en los 63 centros concertados
de Extremadura, portando globos blancos y apoyando la lectura
de un manifiesto redactado por el colectivo de Escuelas Católicas
de Extremadura. Como no puede ser de otra manera, el profesorado
de la escuela privada-concertada tiene, como cualquier trabajador,
el derecho a manifestarse para defender sus intereses legítimos.
Asimismo, les asiste el derecho a informar a las familias para
que éstas valoren si deciden o no unirse a sus reivindicaciones.
Lo que no está tan claro es que, en horario escolar,
deba involucrarse a todo el alumnado en una acción coordinada
en defensa de la educación privada-concertada. En las
fotografías que se han difundido en los medios puede
verse cómo, en diferentes colegios, numerosos estudiantes
(en su mayoría niños menores de edad) arropan
a sus profesores en el patio del colegio. ¿Tienen estos
alumnos la madurez suficiente para valorar si deben apoyar las
reivindicaciones de sus maestros? ¿Fueron, por tanto,
libres al hacerlo? ¿Se debe instrumentalizar a los niños
para defender los intereses privados de la escuela concertada?
Los
límites del uso de la libertad de expresión y
de manifestación del funcionariado son un viejo tema
de debate. El filósofo Immanuel Kant creía que,
para preservar el orden social, los funcionarios deben limitar
su libertad de expresión y de manifestación en
el ejercicio de sus funciones. Esto no significa que, en un
contexto separado del ejercicio de la función pública,
los ciudadanos no puedan expresar libremente sus opiniones.
Si
aplicamos esta máxima al contexto que nos ocupa, llegamos
a las siguientes conclusiones: es evidente que el profesorado
tiene todo el derecho a ejercer sus libertades fundamentales,
tanto las relativas al ejercicio de la libertad de expresión
y de manifestación como el derecho a huelga. Sin embargo,
en el ejercicio de sus funciones docentes estas libertades tienen
sus limitaciones. Por ejemplo, todo el mundo estará de
acuerdo en que un profesor no debería usar sus clases
para adoctrinar a sus alumnos en una ideología política
o religiosa, máxime si son niños. Por esa regla
de tres, un docente, si es honesto, debe dejar muy claro que
una cosa son sus opiniones «personales» y otra el
ejercicio de su magisterio. Tampoco es ético que un centro
organice, como si se tratara de una actividad pedagógica
más de obligado cumplimiento, un acto reivindicativo
con todo el alumnado para presionar a la Administración
y para influir en la opinión pública. Al menos
en el horario escolar ordinario, los niños deberían
estar al margen de estos actos.
En
el caso de la escuela pública, está meridianamente
claro que existe una serie de limitaciones en el ejercicio de
la docencia. ¿Cómo actuaría la Inspección
si el profesorado usara, por ejemplo, la plataforma educativa
Rayuela para informar a las familias de cómo el cierre
de unidades de colegios públicos –ubicados en localidades
donde hay colegios concertados– afecta a la equidad educativa?
¿Sería lícito que, a la hora del recreo,
se repartieran globos y camisetas verdes para fotografiar a
todos los niños y difundir este material para defender
la escuela pública? En democracia, todas las reivindicaciones
tienen sus cauces y todos los derechos sus límites. No
todo vale para conseguir un objetivo. En cualquier caso, los
docentes deberíamos contribuir a garantizar la autonomía
de nuestro alumnado frente al interés del profesorado,
por muy lícito que éste sea. Porque no olvidemos
que, de entre todos los grandes objetivos de la educación,
está el de promover el libre desarrollo de la personalidad
humana.
