Injusticia,
desconocimiento y soberbia. Malas cualidades humanas que están
llevando al desastre a tres familias sin que nadie mueva un
dedo para evitarlo.
La injusticia
El abandono
de tres funcionarios, por parte de la Junta de Extremadura,
de la especialidad de «Organización y procedimiento
de mantenimiento de vehículos» que perderán
su plaza, ganada con honradez, tras una sentencia del Supremo.
Perderán su condición de funcionarios pese a que
la sentencia los reconoce como terceros de buena fe; dado que
no fueron ellos los que destruyeron los exámenes de oposición
(en el año 2010), fue la presidenta del tribunal. Sus
notas fueron obtenidas sin mácula alguna y consiguieron
la plaza de forma justa. La destrucción de los exámenes
puede afectar al demandante pero, en ningún caso, debería
perjudicar a los funcionarios que no tienen ninguna culpa de
lo sucedido en el procedimiento selectivo de ese año.
De nada valió que se pretendiera una solución
pactada que no perjudicaba a nadie y que el TSJEx estaba dispuesto
a avalar; la Junta de Extremadura dijo «no». De
nada valió que en casos como el de las oposiciones impugnadas
referidas anteriormente (según interpreta el magistrado
José M. Chaves, de Asturias), el Tribunal Constitucional
propicie una solución diferente a quitarle la condición
de funcionarios a aquellos que obtuvieron la plaza legalmente;
propiciando así su tutela como, por otra parte, debería
hacer la justicia. La Junta de Extremadura también dijo
«no» a esta interpretación de una justicia
sanadora. A cuanta solución se proponía, la Junta
de Extremadura decía «no».
El 16 de
enero de 2018 el TSJEx notifica a los tres funcionarios (Francisco,
Víctor y Heliodoro) que tiene que ejecutar la sentencia
en sus términos al no haber acuerdo entre todas las partes
o, dicho de otra manera, que todas las partes han firmado el
acuerdo menos la Junta de Extremadura. La Sala de lo Contencioso
estaba por la labor de aprobar un acuerdo transaccional entre
todas las partes; y, como consecuencia de la inacción
de la Junta de Extremadura, los opositores reconocidos por sentencia
como de buena fe perderán la condición de funcionarios
de carrera.
El desconocimiento
En estos
casos el TC propicia, como el magistrado José Manuel
Chaves aclara (Tribunal Superior de Justicia de Asturias), que
los terceros de buena fe sean tutelados, evitando con ello la
revocación de los nombramientos de funcionarios de carrera
y dándole otra solución al conflicto. Las soluciones
aportadas para evitar la injusticia, particularmente el acuerdo
pactado, serían la solución perfecta. La Junta
de Extremadura no ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido
desde la toma de posesión de los aprobados, así
como la condición de inocentes y ajenos a aquellos que
nada tienen que ver con la irregularidad cometida por el Tribunal
Calificador.
El TSJEx
se ha mostrado dispuesto a un acuerdo transaccional e, increíblemente,
los responsables de Junta de Extremadura se han puesto de perfil,
como si el asunto no fuera con ellos; decidiendo, de esta manera,
no proteger a tres ciudadanos y sus familias que durante meses
han rogado sensatez a la Junta de Extremadura sin conseguirlo.
Pretender
deshacer una injusticia cometiendo una injusticia mayor es una
concepción bárbara de la Ley que, afortunadamente,
está dejando de estar vigente aunque en Extremadura esté
muy presente.
La soberbia
Sería
sanador para todos, que los responsables de la Junta de Extremadura
reconocieran el error y admitieran que la solución puede
ser otra; aquella que no perjudique a nadie; aquella que está
sobre la mesa esperando a ser contemplada, firmada y enviada
al TSJEx.
Reconocer
las equivocaciones, los errores, y darles solución demuestra
sentido de la justicia y altura intelectual; lo contario significa,
tristemente, la imposibilidad de alcanzar una Ley libre y justa.
Y, por extensión, la deshumanización de aquellos
que juraron proteger a los ciudadanos cuando tomaron posesión
de sus cargos.
La
injusticia, el desconocimiento y la soberbia, como si de tres
oscuros y aciagos mandamientos se tratase, son una lacra para
la sociedad que quiere alcanzar altas cotas de calidad humana
en la gestión de lo público.
